Brasil presenta proyecto de ley para un sistema de comercio de emisiones
Se presentó ante el Congreso Nacional de Brasil una nueva propuesta legislativa para el establecimiento de un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), el cual cuenta con el apoyo del gobierno federal, y podría ayudar al país a cumplir sus objetivos climáticos de reducir las emisiones en un 50% por debajo de los niveles de 2005 para 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2050.
Ya se habían debatido varias propuestas legislativas relacionadas con los mercados de carbono, pero al asumir el cargo, la administración del presidente Lula da Silva comenzó a redactar su propia propuesta. En lugar de presentarla como un nuevo proceso legislativo, la propuesta del Gobierno Federal ha sido incorporada ahora al proyecto de ley 412/2022, que se encuentra en etapa avanzada de consideración en el Senado. La ley establecería el marco de gobernanza y la base legal para las obligaciones de las entidades reguladas. Aún sería necesario decidir los elementos clave del diseño y desarrollar reglamentos de implementación en una etapa posterior.
El SCE impondría obligaciones de cumplimiento a las entidades que emitan más de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) anuales. Las obligaciones de presentación de informes se aplicarían a las entidades que emitan más de 10,000 toneladas de CO2e al año. Las obligaciones de cumplimiento y presentación de informes se incurrirán anualmente. El alcance sectorial aún no se ha definido.
El sistema sería supervisado por el Comité Interministerial de Cambio Climático, operado por un organismo administrador del SCE y apoyado por un organismo técnico. Los Planes Nacionales de Asignación, que se publicarían periódicamente, establecerían parámetros clave, incluido el límite y su trayectoria esperada, los métodos de asignación, el porcentaje de compensaciones permitidos para el cumplimiento, disposiciones de estabilidad del mercado, así como disposiciones para proteger contra reversiones y fugas, y el incumplimiento sería sancionado.
A las entidades reguladas se les permitiría entregar créditos de carbono nacionales para cumplir con una determinada parte de su obligación de cumplimiento, que aún está por determinarse. Los créditos elegibles incluirían aquellos generados utilizando metodologías aprobadas bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Se espera que los sectores de agricultura, cambio de uso de la tierra y silvicultura, que en 2020 fueron responsables de más del 60% de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, desempeñen un papel clave en la generación de compensaciones de emisiones. En el proyecto de ley ya se incluyen disposiciones sobre la elegibilidad de los créditos de carbono generados por actividades REDD+, por ejemplo.
El proyecto de ley también contiene disposiciones para las transferencias internacionales en virtud del Artículo 6 del Acuerdo de París. Tanto las asignaciones de SCE como las compensaciones serían elegibles para transferencias internacionales, sujetas a la autorización de una entidad nacional designada. La entidad nacional designada establecería criterios y condiciones para dichas autorizaciones, que pueden incluir límites de transferencia anuales para garantizar la coherencia con los objetivos climáticos del país.
El proyecto de ley será discutido ahora por ambas cámaras y su adopción podría tener lugar este mismo año. Según el texto actual, una vez que el Congreso apruebe la ley, el gobierno tendrá entre 12 y 24 meses para promulgar las regulaciones necesarias para implementar el sistema.
Con información de: ICAP
