Pensilvania ingresa a la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero

Ciudad de México, 29 de abril de 2022.- La legislatura de Pensilvania anunció su ingreso al mercado de carbono en el sector energético a través de su participación en la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI por sus siglas en inglés). Este es el resultado de un proceso planteado desde 2019 en una Orden Ejecutiva.

 

RGGI es una iniciativa de 11 estados que comenzó en 2009 para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del sector eléctrico en Estados Unidos y lograr un crecimiento económico. Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont y Virginia limitan y reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de este programa.

 

Estas reducciones se logran estableciendo un tope o límite regional a las emisiones de las centrales eléctricas en los estados participantes. Ese límite disminuye cada año para reducir progresivamente las emisiones totales. La participación de Pensilvania aumentará el tamaño del programa en aproximadamente un 40%.

 

Las entidades en cada uno de los estados participantes deben adquirir derechos de emisión equivalentes a la cantidad de CO2 que emiten. Asimismo, tienen la capacidad de comprar y comercializar derechos de emisión, lo que permite que las reducciones de emisiones sean más eficientes y rentables. La subasta trimestral establece el precio de la compra de derechos de emisión para garantizar la transparencia.

 

El Departamento de Protección Ambiental del Estado determinará la cantidad de asignaciones requeridas para cada planta. Las centrales eléctricas deben comenzar a contabilizar sus emisiones a partir del 1 de julio de 2022, teniendo como límite el 1 de marzo de 2023 para contabilizar el 50% de sus emisiones de 2022 y el 1 de marzo de 2024 para contabilizar el 100% de sus emisiones del mismo año. Adicionalmente, las instalaciones deberán tener el 100% de las asignaciones requeridas para el 1 de marzo de 2024.

 

Algunos de los beneficios previstos de RGGI para Pensilvania incluyen la reducción de 225 millones de toneladas de CO2 de las centrales eléctricas para 2030 y un aumento en el Producto Estatal Bruto de casi USD 2 mil millones, además de un aumento neto de hasta 30 mil puestos de trabajo.

 

Esta nueva disposición, ha traído consigo inconformidades por parte de propietarios de centrales eléctricas de carbón del Estado y organizaciones laborales, las cuales presentaron una impugnación judicial para evitar que entre en vigencia la regulación, que argumenta que el programa es un impuesto inconstitucional y cae fuera de la autoridad existente.

 

Con información de: Pennsylvania Pressroom

 

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