Aprueban el reglamento final del SCE de Pensilvania para vincularlo con la RGGI
Ciudad de México, 03 de agosto de 2021.- La Junta de Calidad Medioambiental (JCA por sus siglas en inglés) del Departamento de Protección Medioambiental del estado de Pensilvania aprobó el CO₂ Budget Trading Program definitivo.
El reglamento final pretende establecer un SCE que cubra las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) del sector eléctrico. Asimismo, vincular el SCE a la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI por su nombre en inglés) a partir de 2022.
Los resultados actualizados de la normativa reafirman el límite de emisiones de 78 MtCO₂ para 2022, que disminuirá anualmente 3% hasta 58.1 MtCO₂ en 2030. La asignación de Pensilvania se añadirá al límite de la RGGI. Debido al tamaño de las emisiones del sector energético de Pensilvania (29% de las emisiones totales de GEI del estado), aumentaría el tope de la RGGI a 194.3 MtCO₂ en 2022 (aproximadamente 40.2% del total).
El reglamento final contiene límites de emisión trimestrales para 2022, con el fin de anticiparse a posibles retrasos en su aplicación, derivados de impugnaciones legales.
Otros cambios importantes del reglamento definitivo –en comparación con el borrador– son el ajuste de la cantidad de derechos de emisión que se asignarán a las carboeléctricas de 9.3 MtCO₂ a 10.4 MtCO₂. También, la adición de nuevos requisitos para las instalaciones de ciclo combinado con el fin de poder optar a la asignación de derechos de emisión. Por último, un mayor énfasis en los principios de equidad y la necesidad de proteger a los grupos sectores sensibles al instrumento de fijación de precio al carbono.
La publicación del reglamento definitivo y la aprobación por parte de la JCA se genera tras un periodo de 60 días de comentarios públicos. De este modo, el estado de Pensilvania estaría en condiciones de poner en marcha su SCE y unirse a la RGGI en 2022.
Sin embargo, la legislatura estatal intenta bloquear el lanzamiento del SCE y la adhesión a la RGGI. Es probable que la regulación final se enfrente a un desafío judicial por parte de la legislatura, ya que la implementación del SCE a través de medidas ejecutivas queda fuera de la autoridad del gobernador, o de las empresas que se oponen a la fijación de precios al carbono.
Con información de: ICAP
