La Iniciativa sobre el Transporte y el Clima publicó detalles de aplicación de su Sistema de Comercio de Emisiones
Ciudad de México, 18 de marzo de 2021.- Las cuatro jurisdicciones del Programa de la Iniciativa de Transporte y Clima (TCI-P por sus siglas en inglés) –Connecticut, el Distrito de Columbia, Massachusetts y Rhode Island– han publicado una Norma Modelo con los detalles y calendario de aplicación del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) previsto para el sector transporte en el noreste de Estados Unidos (EE.UU.).
Sus disposiciones son similares a las características del programa de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI por sus siglas en inglés) que cubre el sector eléctrico en 11 estados de EE.UU. La Norma Modelo se someterá a un periodo de comentarios públicos hasta el 1 de abril de 2021, antes de aprobar la versión final y los estados participantes en el TCI-P adopten reglamentos alineados con sus disposiciones.
Las jurisdicciones firmantes esperan que más estados participen en el programa. Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Vermont y Virginia han participado activamente en el desarrollo del TCI-P y pueden unirse al programa en el futuro.
De acuerdo a la Norma Modelo, la notificación de los datos de emisión comenzará a partir de enero de 2022, mientras que el primer periodo de cumplimiento de tres años para las entidades reguladas comenzará en enero de 2023. Otros elementos de diseño del TCI-P.
En 2023, el SCE comenzarán con un límite de emisión de 42.1 Mega toneladas de dióxido de carbono (MtCO₂), compuesto por las emisiones de las cuatro jurisdicciones del TCI-P (Connecticut: 13.5 MtCO₂; Massachusetts: 24.5 MtCO₂; Rhode Island: 3.3 MtCO₂; Washington: 0.9 MtCO₂). El límite –también llamado cap– disminuirá de forma constante hasta alcanzar una reducción del 30% de las emisiones para 2032.
El TCI-P cubrirá las emisiones de CO₂ procedentes de la combustión de gasolina y gasóleo en el sector transporte de carretera en los estados participantes y las obligaciones de cumplimiento recaerán en las empresas que suministran los combustibles fósiles.
Todos los derechos de emisión se asignarán mediante subastas, con un precio mínimo de USD 2.50 que se incrementará 2.5% anualmente.
Se establecerá una Reserva de Contención de Costes y una Reserva de Contención de Emisiones (CCR y ECR respectivamente por sus siglas en inglés). La CCR liberará los derechos de emisión adicionales para su venta en subastas (en una cantidad equivalente al 10% del total anual de los derechos de emisión) cuando se alcanza un precio de activación de la CCR (USD 12.00) en subasta. La ECR retiene hasta el 10% del total anual de derechos de emisión cuando los precios en subasta caen por debajo del precio de activación (USD 6.50). Ambos precios de activación aumentarán 7% anualmente.
Se permitirá el uso limitado de compensaciones. Las entidades cubiertas podrán cubrir hasta el 3.3% de sus obligaciones anuales mediante compensaciones procedentes de la silvicultura, la captura y destrucción de metano en vertederos y las emisiones de metano evitadas por la gestión del estiércol agrícola.
El cumplimiento se evaluará al final de cada período de cumplimiento de tres años, y el primer período de cumplimiento comienza el 1 de enero de 2023. Los dos primeros años naturales de cada período de cumplimiento se definen como un período intermedio, en el que las entidades reguladas deberán entregar los derechos de emisión equivalentes a un mínimo del 50% de sus emisiones anuales.
Las emisiones se calcularán y notificarán mensualmente a la entidad reguladora de cada estado participante, y los informes se verificarán mediante terceros al final de cada año. Las entidades con emisiones que superen sus derechos de emisión deberán entregar derechos de emisión equivalentes a tres veces la cantidad de emisiones excedentes. Además, las entidades cubiertas también pueden estar sujetas a sanciones específicas impuestas por el estado en el que se encuentre la entidad.
Al menos el 35% de los ingresos de las subastas –que retornan a los estados participantes– deberán invertirse en comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos para garantizar que se beneficien equitativamente de los proyectos y programas de transporte limpio. Cada jurisdicción firmante establecerá también un órgano consultivo de equidad, designado para garantizar que los impactos del programa sean efectivos y justos, y que tanto las políticas como el flujo de inversiones sean transparentes.
Con información de: ICAP
