Virginia avanza en la vinculación con la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI) a medida que se discute una demanda regulatoria en los tribunales
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020.- La demanda interpuesta ante la regulación de tope y comercio de emisiones de Virginia no interrumpirá la entrada del Estado en el mercado de carbono de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI por sus siglas en inglés) del noreste de EE. UU. el próximo año, según fuentes regulatorias y gubernamentales.
La Asociación de Fabricantes de Virginia (VMA por sus siglas en inglés) presentó una demanda a principios de octubre, argumentando que el Departamento de Calidad Ambiental (DEQ por sus siglas en inglés) del Estado, no siguió el procedimiento administrativo correcto para finalizar la regulación relacionada al SCE y sobrepasó su capacidad legislativa al redactar las reglas.
Fuentes reguladoras dijeron que la demanda no sería un impedimento para que el Estado se una al sector eléctrico del RGGI en 2021, y los funcionarios de Virginia agregaron que no han detenido la actividad a raíz de la demanda.
"Continuamos nuestros preparativos para hacer de Virginia un participante pleno en el programa RGGI el 1 de enero de 2021", mencionó el director de la División de Aire y Energía Renovable de DEQ, Michael Dowd, y agregó que solo un fallo judicial adverso cambiaría la trayectoria del Estado.
En la demanda, la VMA argumentó que sus miembros se verían perjudicados por la regulación final del cap-and-trade promulgada y revisada ilegalmente. La discusión se centra en si los cambios al reglamento final estaban exentos de los requisitos de la Ley de Procesos Administrativos de Virginia (APA por sus siglas en inglés).
El DEQ publicó una regulación del RGGI finalizada en junio que omitió cualquier referencia a las asignaciones de derechos de emisión y los requisitos de asignación establecidos para las partes reguladas, trasladando casi todos los permisos a la cuenta de subastas del Estado.
La agencia también eliminó el presupuesto de CO2 para 2020 de la regulación, mientras que Virginia se programa para unirse a la RGGI con un límite de 27,16 millones de toneladas de CO2 para 2021. El Estado emitió 34,2 megatoneladas de dióxido de carbono (MtCO2) en 2018, según datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) de EE. UU.
La demanda presentada por la VMA cuestionó si estas revisiones fueron más allá de las directivas de la capacidad legislativa de Virginia cuando la regulación aprobó la Ley de Energía Limpia y Preparación para Inundaciones de la Comunidad (CECFPA por sus siglas en inglés) a principios de este año. El grupo industrial dijo que en la iniciativa de ley no se incluyó un cronograma para proporcionar exenciones para fuentes industriales, bajo el esquema del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE).
El DEQ, en consulta con la oficina del Procurador General del Estado, determinó que la exención se aplicaba a cualquier cambio en la regulación, mientras que la VMA respondió que el proyecto de ley solo establecía una exención parcial a dichos requisitos administrativos.
La VMA concluyó que la regulación revisada debería ser anulada por no seguir el proceso requerido por la APA, pero no cuestionó la legalidad del programa o la estructura básica del esquema del SCE.
Aún no se han fijado fechas para atender la demanda y no está claro si la impugnación se resolverá antes de que Virginia entre en la RGGI, el 1 de enero del próximo año.
La entrada de Virginia en el programa de la RGGI para el sector energético se considera como un potencial impulsor de precios para los derechos de emisiones regionales (RGA por sus siglas en inglés), ya que aumentaría el tamaño del SCE y se incluirían nuevos participantes en el mercado secundario.
Los precios de los RGA se han disparado desde que la subasta del 3 de junio de 2020 se cerró en USD 5.75. Desde que se publicaron dichos resultados el 5 de junio, los precios de los derechos de emisión fijados para diciembre de 2020 han aumentado en más de USD 1.00, llegando a un máximo histórico en cuatro años de USD 6.95 el 19 de octubre, de acuerdo con datos de The Ice.
Los expertos han atribuido estas ganancias al aumenta de la demanda por entidades que buscan el cumplimiento de obligaciones pasadas, a la afluencia de especuladores en la RGGI y las perspectivas optimistas para los cambios posteriores a 2020 en el mercado de carbono regional.
Con información de Carbon Pulse.