El Estado de Pensilvania adopta borrador de un Sistema de Comercio de Emisiones con vinculación al RGGI
Ciudad de México a 22 de septiembre de 2020. - El 15 de septiembre pasado la Junta de Calidad Ambiental de Pensilvania por 13 votos contra 6 adoptó el proyecto de un reglamento para un sistema de comercio de emisiones (SCE) que cubrirá las emisiones de CO2 del sector energético, en vinculación con la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI por sus siglas en inglés) a partir de 2022. La implementación de esta propuesta depende de un posible desafío legal -no confirmado- por parte de la legislatura del Estado, controlada por los republicanos, además del resultado a nivel estatal de las próximas elecciones a realizarse en noviembre.
La propuesta fue publicada por primera vez por el Departamento de Protección Ambiental (DEP por sus siglas en inglés) en enero de 2020 y se actualizó en abril de 2020. El borrador de la propuesta se realizó después de que el gobernador demócrata de Pensilvania, Tom Wolf, ordenara que se desarrollara y presentara una propuesta final de SCE a la junta antes del pasado 15 de septiembre.
El borrador es en gran medida consistente con las características de diseño del sistema RGGI e incluye un límite de emisiones de 78 MtCO2 para 2022, lo que disminuiría anualmente en un 3% hasta 58.1 MtCO2 en 2030. Pensilvania se agregaría así al RGGI y, debido al tamaño de las emisiones del sector eléctrico del estado (29% de las emisiones totales de GEI en 2017), aumentará sustancialmente el total cubierto por el RGGI a 194,3 MtCO2 para 2022. La participación de Pennsylvania en las emisiones en el límite de RGGI de 2022 ascendería al 40.2%.
La regulación pasará ahora por un período de comentarios públicos de 60 días seguido por el proceso de revisión regulatoria del estado antes de la adopción final, prevista para 2021. Esto pondría al Estado en camino para lanzar su SCE y su enlace con el RGGI para 2022. Sin embargo, la legislatura estatal controlada por los republicanos aprobó el 9 de septiembre un proyecto de ley (HB-2025) que bloquearía la implementación de la regulación y el vínculo al RGGI al requerir la aprobación legislativa para cualquier iniciativa regional de fijación de precios del carbono.
El gobernador Wolf ha anunciado que vetará el proyecto de ley, pero la regulación aún podría ser impugnada en los tribunales dada la oposición de la legislatura y su posición de que la implementación de un SCE se encuentra fuera de la autoridad del gobernador. A la espera del resultado de las elecciones a nivel estatal en noviembre próximo, (que coincide con las elecciones federales) la composición legislativa del estado podría cambiar y abrir la puerta a la implementación del SCE.
Con información de ICAP (International Carbon Action Partnership)
